México
La 62 Legislatura del Estado de México aprobó este jueves, con 54 votos a favor y 18 en contra, una reforma constitucional que extingue el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoem). Las funciones de este órgano autónomo serán transferidas a las contralorías y órganos de control interno estatales.
La reforma fue impulsada por la mayoría legislativa integrada por Morena, PT y Partido Verde, quienes argumentaron que esta medida busca armonizar el marco jurídico estatal con el federal. Por su parte, las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se opusieron, calificando la desaparición como un retroceso en materia democrática y de derechos ciudadanos.
La Legislatura estableció un plazo de 90 días naturales para emitir las reformas secundarias necesarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, tras lo cual se procederá formalmente a la extinción del Infoem.
El dictamen aprobado establece que los recursos humanos, materiales, financieros, así como los registros, padrones y sistemas electrónicos del instituto serán transferidos a las nuevas instancias responsables. Además, se garantiza el respeto pleno a los derechos laborales del personal actualmente adscrito al Infoem.
La diputada panista Alexia Dávila criticó la reforma: “Se utiliza un discurso de austeridad para justificar la eliminación de un instituto incómodo para el régimen, pero que ha sido beneficioso para la ciudadanía. Reconocemos áreas de oportunidad, pero desaparecerlo no es legislar con responsabilidad”.
En contraste, el legislador morenista Gerardo Pliego defendió la medida, señalando que el Infoem “no ha funcionado adecuadamente y ha incurrido en excesos”, pero que los derechos de acceso a la información y protección de datos seguirán vigentes bajo la responsabilidad de las contralorías.
El priista Eduardo Zarzosa advirtió que con esta reforma, los mexiquenses perderán un mecanismo clave para el acceso a la información pública. “Se cumple una instrucción federal que implica un retroceso de más de dos décadas en los derechos humanos relacionados con la transparencia”, subrayó.
Fuente: Jornada