México
El Congreso de Puebla aprobó hoy, con mayoría, una reforma al Código Penal estatal que contempla penas de cárcel para quienes insulten en redes sociales, en el marco de la llamada “ley del ciberasedio”. Esta medida fue rechazada enérgicamente por organizaciones civiles, periodistas y expertos, quienes alertaron que la norma podría vulnerar la libertad de expresión.
De manera similar a la reciente reforma a la Ley de Arbolado y Áreas Verdes, el bloque aliado a la 4T impulsó la aprobación exprés, sin abrir espacios de diálogo con la sociedad civil ni especialistas.
Antes de la sesión, Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla emitieron un llamado urgente para detener la iniciativa, señalando que contiene conceptos imprecisos que podrían ser usados de forma arbitraria contra periodistas, medios y ciudadanía en general.
La aprobación ocurre en medio de la polémica por la cuenta anónima de X “Aldea Poblana”, que critica al gobernador Alejandro Armenta y su gabinete. Se sospecha que el gobierno busca identificar a los responsables para acusarlos de violencia de género contra Gabriela Sánchez, secretaria del Deporte y la Juventud.
Diputados opositores calificaron la reforma como una “ley censura” que limita el derecho a criticar al gobierno. La iniciativa, presentada originalmente en noviembre de 2024 por José Luis Parra —actual coordinador del gabinete estatal—, también tipifica otros delitos como espionaje digital, usurpación de identidad, hacking y grooming.
El delito de ciberasedio contempla penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas de 50 a 250 UMAS para quien insulte o agravia con insistencia causando un daño significativo a la salud de otra persona.
Artículo 19 y la Red de Periodistas recordaron que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege no solo información favorable, sino también la que puede resultar ofensiva o incómoda para autoridades o sociedad.
Además, señalaron que varios conceptos en la iniciativa son vagos y carecen de precisión técnica, lo que podría criminalizar prácticas periodísticas, especialmente en investigaciones sobre corrupción o denuncias de abusos.
En Puebla, entre 2018 y 2024, se documentaron al menos 22 procesos judiciales contra periodistas por sus publicaciones, lo que refleja una tendencia preocupante de uso de la ley para limitar la prensa.
Por su parte, el observatorio ciudadano Igavim criticó que el Congreso haya aprobado la iniciativa sin consulta ni análisis amplio, destacando riesgos de violaciones a derechos, sobrecarga judicial y brechas digitales.
Cabe recordar que apenas en junio pasado, el Congreso poblano aprobó también de forma rápida una reforma para permitir el encalado de árboles urbanos, práctica cuestionada por especialistas y prohibida anteriormente.
Fuente: Proceso