Ecuador
El Gobierno de Ecuador oficializó la prohibición de ingreso al país por un periodo de 40 años para más de un millar de ciudadanos colombianos que están siendo deportados tras haber cumplido condenas en cárceles ecuatorianas. Así lo anunció el ministro del Interior, John Reimberg, como parte de la estrategia de “tolerancia cero” frente al crimen organizado.
“No permitiremos que el terror vuelva a cruzar nuestras fronteras ni que se instale nuevamente en nuestras calles”, afirmó Reimberg en la red social X, al confirmar que cerca de 700 reos ya han sido repatriados a Colombia. Según el ministro, los deportados estuvieron involucrados en delitos como robo, tráfico de drogas y receptación.
Aunque algunos de los extranjeros aún no habían completado sus condenas, el Ejecutivo justificó la medida como una decisión soberana para resguardar la seguridad interna. “La seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo”, enfatizó el funcionario.
El proceso ha generado tensiones diplomáticas. El viernes, la Cancillería colombiana emitió una nota de protesta en la que calificó la decisión de Quito como “unilateral” y “contraria al espíritu de cooperación bilateral”. De acuerdo con Bogotá, Ecuador inició las deportaciones sin protocolos conjuntos, ni mecanismos claros para la identificación de los repatriados y su situación jurídica, incurriendo —según Colombia— en una práctica que vulnera el Derecho Internacional al parecerse a una deportación masiva.
En respuesta, la Cancillería ecuatoriana rechazó esa acusación y aseguró que cada expulsión fue realizada bajo el marco legal nacional, con resoluciones individuales y la debida boleta de excarcelación emitida por autoridad judicial competente.
La decisión se enmarca en el contexto de creciente violencia criminal que afecta a Ecuador y que ha llevado al país a encabezar las tasas de homicidios en América Latina. El sistema penitenciario se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Frente a ello, el presidente Daniel Noboa ha endurecido su discurso y acciones, declarando desde 2024 un “conflicto armado interno” contra las bandas delictivas, catalogadas oficialmente como grupos terroristas.
Una de las medidas más contundentes fue la orden de repatriar a los reos extranjeros, que hasta el año pasado representaban alrededor del 10 % de la población penitenciaria, principalmente de nacionalidades colombiana y venezolana.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que esta política no solo responde a razones de seguridad, sino también a la necesidad de descongestionar un sistema carcelario sobrecargado y en crisis estructural.
Fuente: Primicias