Guatemala
El Ejecutivo guatemalteco presentó al Congreso la iniciativa de ley 6593, con la que busca modernizar y reforzar el marco legal para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT). La propuesta sustituye las normativas vigentes desde 2001 y 2005, y se perfila como una pieza clave para evitar que el país sea incluido en la lista gris del sistema financiero internacional.
Durante su conferencia semanal, el presidente Bernardo Arévalo calificó la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo como una herramienta indispensable para debilitar las estructuras del crimen organizado.
“El lavado de dinero es el motor de cualquier organización criminal. Esta ley nos permitirá identificar sus flujos financieros y cerrarles el paso”, declaró el mandatario.
La propuesta, que consta de seis capítulos y 125 artículos, incorpora medidas concretas como:
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Ampliación del catálogo de sujetos obligados, incluyendo a notarios y proveedores de activos virtuales, quienes deberán reportar operaciones sospechosas.
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Fortalecimiento de los controles en compras públicas, incorporando a proveedores y contratistas estatales al sistema preventivo, como medida anticorrupción.
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Reformas a normativas clave, como el Código Penal, Código de Comercio, Código de Notariado, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de servicios de seguridad privada.
Arévalo subrayó que organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo brindaron cooperación técnica en la elaboración del proyecto.
A dos años de una nueva evaluación internacional en materia LDFT, el Gobierno busca generar consensos en el Congreso. El presidente anunció que iniciará acercamientos con todas las bancadas legislativas para despejar dudas sobre el contenido de la propuesta.
“De no aprobarse esta ley, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris, lo cual aumentaría la incertidumbre económica del país”, advirtió.
Durante la presentación de la iniciativa, también respaldaron la propuesta el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el superintendente de Bancos, Saulo De León; y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores Reyes.
Fuente: Prensa Libre