Costa Rica
La discusión sobre la reforma que permitiría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) efectuar allanamientos a cualquier hora del día evidenció las constantes contradicciones del gobierno de Rodrigo Chaves y de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa.
En un inicio, el 26 de febrero, Pilar Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), apoyó la reforma y calificó la norma vigente, que limita los allanamientos entre las 6 a. m. y las 6 p. m., como un “regalito para los delincuentes”. La vocera de gobierno argumentó que el presidente buscaba leyes más fuertes y un cambio radical para proteger a las víctimas en lugar de favorecer a los infractores.
Sin embargo, apenas tres meses después, el discurso cambió de forma abrupta. Tras votar a favor en el primer debate, los diputados oficialistas rechazaron la iniciativa en el segundo, luego de que Chaves se molestara por los allanamientos realizados en la investigación sobre la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.
El 14 de mayo, el presidente vetó de manera total la reforma, alegando que “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio” y que el proyecto pretendía modificar una norma que, según Presidencia, “ha sido utilizada con bastante éxito”.
Pese a ello, este miércoles, los diputados oficialistas Daniel Vargas y Jorge Rojas votaron a favor del informe de la Comisión de Jurídicos que recomienda resellar el proyecto de ley. Ambos insistieron en que el mandatario y la bancada respaldan la reforma, aunque durante el periodo de sesiones extraordinarias —del 1° de mayo al 31 de julio— el gobierno no convocó el proyecto.
Rojas destacó que la iniciativa es “una herramienta indispensable” para combatir el crimen organizado y que las observaciones del veto buscaban corregir ambigüedades, no frenar su implementación. Vargas coincidió en que la reforma siempre fue de interés del oficialismo.
Históricamente, la propuesta contó con respaldo en la Comisión de Jurídicos y en el primer debate, cuando Vargas instó a sus colegas a aprobarla afirmando que “para la delincuencia no hay horarios, y tampoco deben existir para quien los controla”. No obstante, en el segundo debate, la bancada oficialista fue la única en votar en contra.
El veto presidencial estuvo acompañado de críticas hacia el OIJ y la Fiscalía, un día después del allanamiento al exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, en el caso “Pista Oscura”. Chaves calificó a los funcionarios como “incompetentes y arbitrarios” y afirmó que no firmaría leyes que les dieran más herramientas para amedrentar.
Cisneros defendió su cambio de postura alegando problemas de redacción en el proyecto y destacó que los allanamientos deben limitarse a personas peligrosas o armadas. Además, señaló que desconocía que la ley vigente permite allanamientos fuera del horario establecido con autorización judicial en casos urgentes.
Fuente: Nación