En un contexto político marcado por tensiones internas y acusaciones de corrupción, tres presidentes municipales electos bajo la bandera de Morena han sido separados de sus cargos en Sinaloa en los últimos tres años, todos ellos en municipios clave del estado. Los procesos han estado encabezados por el Congreso local con el argumento del combate a la corrupción, aunque diversas voces cuestionan si se trata de una depuración ética o una estrategia política rumbo a 2027.
El caso más reciente es el de Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, quien enfrenta acusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto público. De acuerdo con la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, la investigación fue iniciada en junio de 2024 y culminó en abril pasado con la solicitud formal al Congreso para su desafuero y eventual vinculación a proceso.
Las indagatorias están relacionadas con la adquisición de patrullas en 2021, durante la primera gestión de Vargas Landeros al frente del municipio, así como con la renta de camiones recolectores de basura, práctica que ya había sido señalada en su momento y que también formó parte del caso contra Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán.
Estrada Ferreiro fue el primero de los ediles morenistas en ser destituido. Su proceso de desafuero se consumó el 10 de junio de 2022, derivando en la designación de Juan de Dios Gámez Mendívil como nuevo alcalde de la capital sinaloense.
Al igual que su homólogo en Culiacán, Vargas Landeros solicitó licencia para ausentarse del cargo. Sin embargo, el Congreso estatal intervino rápidamente y, en menos de 24 horas, nombró a un sustituto, dejando de lado cualquier acuerdo interno del cabildo municipal.
El tercer caso involucra a Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, quien fue señalado por la compra irregular de luminarias. Aunque en su momento presentó una renuncia voluntaria para asumir el cargo de Secretario de Turismo del estado, posteriormente fue destituido y vinculado a proceso penal en 2023.
Diversos sectores han señalado que los tres exalcaldes compartían una aspiración común: la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. Esta coincidencia ha alimentado suspicacias respecto al trasfondo de los procesos en su contra, sugiriendo una posible persecución política más que un genuino combate a la corrupción, tesis que ya ha generado debate a nivel federal.
La situación evidencia tensiones crecientes al interior del partido gobernante y plantea interrogantes sobre el uso de las instituciones en el contexto preelectoral de Sinaloa.
Fuente: Meganoticias