Brasil
Los esfuerzos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para consolidar el presupuesto nacional enfrentan un nuevo desafío tras la reciente iniciativa del Congreso brasileño que busca anular el aumento de impuestos sobre ciertas transacciones financieras.
El lunes pasado, la Cámara de Diputados aprobó con 346 votos a favor y 97 en contra una solicitud de urgencia para revocar el decreto presidencial que incrementó el impuesto sobre operaciones financieras (IOF). Esta aprobación abre el camino para una votación en el pleno que podría cancelar dicha medida.
No obstante, el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, quien inicialmente respaldó la propuesta fiscal del gobierno, cambió su postura la semana pasada y anunció que la votación se realizará en las próximas semanas, en lugar de inmediato, según fuentes gubernamentales y legisladores aliados que prefirieron mantener el anonimato.
Esta decisión refleja una estrategia para mantener abiertas las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto de delicada relación institucional y creciente presión por parte de inversionistas preocupados por el déficit fiscal.
Motta confirmó parcialmente esta postura tras reunirse con el jefe de Gabinete de Lula, Rui Costa, y la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann. “El gobierno se ha comprometido a presentar una propuesta de recortes presupuestarios; estamos a la espera”, declaró a la prensa.
Para que el decreto presidencial sea anulado completamente, también será necesaria una votación en el Senado Federal, lo que añade otra capa de complejidad al proceso.
El decreto del IOF está diseñado para generar ingresos aproximados de 1.300 millones de dólares, cifra modesta dentro del paquete fiscal global que el gobierno proyecta recaudar por más de 9.100 millones de dólares hasta finales del próximo año.
Cabe destacar que en tres décadas, el Congreso brasileño no ha revocado un decreto presidencial, lo que convierte esta acción en un hecho sin precedentes, y que podría afectar el cumplimiento del objetivo fiscal de 2025, mientras se tensionan aún más las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El Ministerio de Hacienda, liderado por Fernando Haddad, enfrenta resistencias crecientes para implementar las reformas fiscales necesarias para equilibrar el presupuesto primario, especialmente ante ingresos fiscales menores a los previstos y la negativa del presidente Lula a realizar recortes significativos en el gasto público.
El decreto del IOF forma parte de un paquete revisado que Haddad presentó tras el rechazo inicial de su propuesta fiscal, la cual generó volatilidad en el mercado cambiario y oposición tanto en el Congreso como en sectores empresariales.
Originalmente, se contemplaba una congelación presupuestaria de 5.664 millones de dólares y una recaudación cercana a los 10.925 millones en dos años, sin embargo, Haddad eliminó un impuesto controversial sobre inversiones en el extranjero tras críticas de los mercados.
A pesar de estos ajustes, la oposición interna en el Congreso y las presiones de sectores como la industria de juegos de azar —que se opone a los impuestos sobre apuestas en línea incluidos en el paquete— han complicado el avance del plan fiscal.
En este contexto, Lula sostuvo una reunión con Motta el sábado, sin lograr un acuerdo definitivo. Además, Motta manifestó su insatisfacción con la lentitud en la aprobación de las enmiendas al presupuesto parlamentario, recursos destinados a proyectos en las regiones de los legisladores, lo que añade un elemento adicional a la tensión política entre ambos poderes.