La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una revisión exhaustiva de los expedientes de los 464 ganadores en la reciente elección de magistrados de circuito. Esta acción responde a una solicitud interna de varios consejeros, quienes demandan verificar, bajo una metodología específica y rigurosa, el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en la Constitución.
Hasta el corte de ayer por la noche, el análisis preliminar identificó tres candidatos que no alcanzan el promedio mínimo constitucional de 8 en la licenciatura en Derecho. Sin embargo, el principal desafío radica en la verificación del segundo requisito clave: obtener un promedio mínimo de 9 en las materias correspondientes a la especialidad para la que compiten.
Este punto ha generado un debate significativo dentro del INE, ya que se debe definir un método justo y coherente para evaluar dichos promedios especializados, considerando además las implicaciones prácticas en caso de que alguno de los ganadores sea descartado. Entre las alternativas que se estudian están si el cargo debería asignarse al segundo lugar, permanecer vacante o designar a un suplente que cumpla con criterios de paridad de género.
Fuentes internas del INE confirmaron avances en la definición de una metodología más flexible y ajustada a la realidad académica, aunque persisten discrepancias entre consejeros y funcionarios sobre la interpretación textual del requisito constitucional, que establece:
"Para ser electo magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se requiere título de licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio general mínimo de 8, así como un promedio mínimo de 9 en las materias relacionadas con el cargo, ya sea en licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Además, para magistrados de circuito, se exige una práctica profesional mínima de tres años en un área jurídica afín."
Estas diferencias interpretativas, incluso a nivel de sintaxis, han dado lugar a evaluaciones divergentes. Por ejemplo, la consejera Carla Humphrey detectó 34 casos potencialmente incumplidos en cuanto al promedio especializado, lo que ha impulsado la búsqueda de criterios claros para seleccionar las materias específicas que integran este cálculo.
La revisión continúa con la incorporación de nuevas pruebas y documentación adicional, siempre alineada con los lineamientos emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En enero pasado, esta instancia reconoció la ambigüedad del párrafo constitucional y su efecto estigmatizante, lo que ha llevado a exigir una evaluación más justa y precisa para los aspirantes.
El consejero Jorge Montaño destacó en la sesión reciente que, conforme a disposiciones constitucionales, la revisión documental no corresponde directamente al INE en esta ocasión, sino a los comités de evaluación designados por cada poder de la Unión, lo que añade complejidad al proceso.
El INE se mantiene en un proceso de ajustes técnicos y jurídicos para garantizar la transparencia y legalidad en la selección de magistrados, asegurando que los perfiles elegidos cumplan cabalmente con los estándares académicos y profesionales requeridos por la Constitución.
Fuente: La Jornada