México
La iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales está próxima a ser analizada en el Congreso. Sin embargo, el sector empresarial advierte sobre los riesgos económicos que podría implicar este cambio a la Ley Federal del Trabajo y demanda que se mantengan las pausas laborales sin descontarlas del cómputo total.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que la reducción generaría un costo adicional de 65 mil 793 pesos por trabajador al año. El desglose incluye aumentos en aguinaldo, vacaciones, seguridad social y ajustes fiscales, que según Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, podrían poner en riesgo la supervivencia de microempresas.
El sector terciario —comercio, servicios y turismo—, que representa 65% del empleo formal en México, es particularmente vulnerable. De la Torre expresó que las nuevas condiciones podrían forzar a las empresas a elegir entre pagar a sus empleados o mantener operaciones abiertas.
Ante esto, los empresarios solicitan al gobierno asumir los costos fiscales adicionales derivados del cambio, eliminar impuestos extra por horas extraordinarias, permitir el pago por hora y fomentar la formalidad mediante incentivos fiscales. También exigen flexibilidad para que trabajador y patrón puedan acordar voluntariamente jornadas de 40 o 48 horas, y que las pausas laborales no se contabilicen dentro de la jornada.
Respecto a las horas extras, De la Torre señaló que en la práctica la mayoría de los trabajadores laboran 45 horas semanales, no 48, y advirtió que las horas extra reguladas deben ser tratadas como una opción legítima y no criminalizadas. Incluso consideró viable un esquema de hasta 56 horas si se remunera adecuadamente.
La reforma tiene como fecha límite enero de 2030 para que todas las empresas implementen la jornada de 40 horas. Mientras la iniciativa avanza hacia su discusión legislativa, el sector empresarial insiste en que la normativa debe ajustarse a la realidad operativa de las empresas para evitar impactos negativos en el empleo y la economía.
Fuente: Imparcial