En las próximas semanas, Hugo Aguilar Ortiz asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el reto de renovar un Poder Judicial federal marcado por denuncias de corrupción y rezago. El futuro ministro presidente advirtió que la Corte dejará de ser rehén de intereses políticos y económicos para garantizar justicia accesible, en especial para los sectores vulnerables.
En entrevista con La Jornada, Aguilar Ortiz reveló que durante la reciente campaña electoral fue objeto de presiones para condicionar su voto en la Corte. “Hubo sectores que me ofrecían votos a cambio de comprometer fallos”, denunció, refiriéndose principalmente a grupos con intereses económicos. Sin embargo, aseguró que rechazó esas ofertas con claridad y planteó un compromiso basado en diálogo y objetividad.
Desde su oficina en la alcaldía Miguel Hidalgo, Aguilar Ortiz adelantó que el plan de trabajo para su gestión, que comenzará el 1 de septiembre, busca transformar al máximo tribunal en una institución más cercana, transparente y eficaz. Entre sus prioridades están la reducción del rezago judicial, la publicación ágil de sentencias y la atención preferente a casos de violaciones a derechos humanos, con sentencias que contribuyan a sanar heridas sociales.
El nuevo presidente se comprometió a fortalecer la vigilancia y sanciones internas para evitar la reproducción de prácticas corruptas y vicios enquistados en el Poder Judicial, donde solo se renovó la mitad de los ministros. “Si no actuamos, en cinco años estaremos igual”, advirtió, señalando el papel clave del nuevo Tribunal de Disciplina.
En cuanto a la relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, Aguilar Ortiz aboga por un diálogo respetuoso y sin subordinaciones. Rechaza una Corte sumisa, pero tampoco una confrontación constante. “No podemos jugar a las vencidas ni a las fuercitas”, enfatizó.
Sobre los más de seis millones de votos que lo llevaron a la presidencia, negó compromisos con partidos o grupos de poder y aclaró que solo tiene deuda con la ciudadanía que lo apoyó. Reconoció la necesidad de las listas electorales para orientar el voto, dada la complejidad del proceso.
Respecto a su trabajo previo en la defensa de pueblos indígenas y afromexicanos, afirmó que esa experiencia no compromete su imparcialidad, sino que representa una oportunidad para acercar la justicia a comunidades históricamente marginadas. Rechazó críticas sobre su gestión en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, asegurando que no limitó la participación en consultas, sino que respetó los procesos tradicionales.
Aguilar Ortiz será el primer presidente de la Corte elegido por voto popular desde Benito Juárez, aunque con menor poder tras la reforma del 15 de septiembre de 2024 que redujo sus facultades administrativas. Considera este cambio como positivo, pues permitirá concentrarse en impartir justicia y garantizar que cada caso refleje su criterio, algo que, afirmó, no hicieron administraciones previas.
Finalmente, anunció que presentará en agosto un plan para atender el rezago y mejorar los tiempos procesales. Criticó que actualmente la publicación de sentencias puede tardar hasta dos años y que los expedientes pueden esperar hasta 15 días para turnarse. “Voy a pedir que se turnen en 48 horas”, aseguró.
También adelantó que mantendrá solo los privilegios estrictamente necesarios para ministros, cuestionando el uso excesivo de recursos como seguros médicos, vehículos blindados o celulares.
En materia indígena, se comprometió a impulsar la aplicación del artículo segundo constitucional, promoviendo el diálogo y el peritaje para definir criterios sobre territorio, patrimonio cultural y derechos.
Fuente: La Jornada