Sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales ratificaron este domingo su demanda para que Morales participe en las elecciones generales de agosto, a pesar de que el partido con el que está asociado, el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), se encuentra inhabilitado para competir.
Durante una reunión nacional realizada en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales, sus seguidores le reafirmaron como “el único candidato a la presidencia que los representa” y exigieron que su nombre figure en la papeleta electoral. Asimismo, demandaron que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite a Pan-Bol para participar, a pesar de que su personería jurídica fue cancelada en 2020 por no alcanzar el mínimo requerido de votos, decisión que fue confirmada en junio por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El grupo leal a Morales también solicitó que, ante posibles renuncias de candidatos de partidos habilitados, el TSE permita la sustitución de postulantes para facilitar la inscripción de Morales en los comicios.
En contraste, calificaron de “traidor” al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien fuera considerado sucesor político de Morales y líder sindical, pero que se apartó de él y del partido Movimiento al Socialismo (MAS) para postular a la presidencia bajo otra alianza. Morales lo acusó directamente de actuar como “candidato del Gobierno de Luis Arce y del empresario Marcelo Claure”.
Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, insiste en que su exclusión es parte de un plan del “imperio” para controlar los recursos naturales del país. A pesar de la inhabilitación y de la reciente interpretación del TCP que limita la reelección presidencial a un máximo de dos mandatos continuos —y Morales ya cumplió tres—, sus seguidores amenazan con impedir la realización de las elecciones si no se respeta su candidatura.
Las protestas realizadas entre el 2 y 15 de junio por estos grupos leales derivaron en bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos que dejaron al menos seis muertos, incluidos cuatro policías. Como consecuencia, el Gobierno presentó una demanda penal contra Morales por ocho delitos, entre ellos terrorismo y obstrucción electoral.
Fuente: SWI