La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca otorgar al Poder Legislativo la facultad de legislar en materia de extorsión. El objetivo: crear una ley general que homologue penas y sanciones en todo el país para combatir este delito de alto impacto, cuya incidencia ha crecido de forma sostenida en los últimos años.
“La extorsión es un delito cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno”, advierte la mandataria en la exposición de motivos, al tiempo que reconoce la urgencia de una respuesta coordinada del Estado mexicano.
La propuesta modifica el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda expedir una legislación general en materia de extorsión. Actualmente, cada entidad federativa tipifica y sanciona este delito de manera distinta, lo que —según el documento oficial— genera vacíos legales, dificulta la colaboración interinstitucional y fomenta la impunidad.
Las penas por extorsión varían desde uno hasta 30 años de prisión, dependiendo del estado. Por ejemplo, en Oaxaca la pena mínima es de un año, mientras que en Chihuahua puede llegar a tres décadas. En cuanto a multas, el rango va de 36,000 a 340,000 pesos. Esta disparidad, advierte el Ejecutivo, “debe ser corregida”.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 se registraron 10,804 víctimas de extorsión en el país. En enero de 2025, el promedio diario de víctimas alcanzó las 29.77, lo que representa un incremento del 57.6% respecto a hace seis años.
La iniciativa de Sheinbaum propone que el Congreso establezca un marco común que contemple las distintas formas de extorsión —incluyendo la digital, telefónica o presencial— y fije penas mínimas y máximas, así como lineamientos procesales para fiscalías y cuerpos policiales.
En paralelo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual se implementará en todo el país. Ocho entidades concentran actualmente el 66% de los casos: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
La estrategia contempla habilitar el número 089 como línea nacional de denuncia anónima, con operadores especializados y mecanismos para proteger la identidad de las víctimas. Además, participarán instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada del congelamiento de cuentas asociadas a cobros de extorsión.
El gobierno federal espera que, con esta reforma, se fortalezca el combate frontal contra una práctica delictiva que ha evolucionado, se ha diversificado y afecta de forma creciente a la ciudadanía y al sector productivo.
Fuente: Forbes