Perú
La presidenta Dina Boluarte sorprendió este lunes con un cambio ministerial a menos de un año de culminar su mandato, designando a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en sustitución de Enrique Alcántara.
La ceremonia de juramentación se realizó en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno, programada inicialmente para las 12:00 p.m., aunque inició con varios minutos de retraso. Durante ese tiempo, Alcántara se despidió de los colaboradores del Ministerio de Justicia.
Pese a haber sido censurado previamente como ministro del Interior, Santiváñez permaneció en la cercanía de la presidenta Boluarte y ocupó el cargo de Jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Aunque mantuvo un perfil bajo frente a los medios, fue activo en redes sociales, donde respondía a cuestionamientos políticos.
El nombramiento de Santiváñez generó inmediatas reacciones en la esfera política. Diego Bazán, congresista de Renovación Popular, calificó la designación como “una burla al Parlamento” y señaló que podría justificar la censura de todo el gabinete. Sin embargo, aclaró que esta es una postura personal y que corresponde a su bancada discutir los pasos a seguir.
Además del Ministerio de Justicia, la presidenta Boluarte realizó cambios en otras carteras estratégicas. Leslie Urteaga dejó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y fue reemplazada por Fanny Montellanos, quien hasta entonces dirigía el Ministerio de la Mujer. A su vez, Aña Peña asumió la titularidad del Ministerio de la Mujer, en sustitución de Montellanos.
El regreso de Santiváñez se da en un contexto marcado por controversias en materia de derechos humanos. Su nombramiento coincide con la evaluación del Ejecutivo sobre la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con recientes llamados de atención de la Corte IDH respecto a la ley de amnistía que favorece a procesados por violaciones a derechos humanos. Desde su nuevo cargo, se prevé que Santiváñez pueda impulsar iniciativas de ley relacionadas con la protección frente a investigaciones judiciales en curso.
Otro punto sensible de la gestión ministerial será el traslado penitenciario del expresidente Martín Vizcarra, dado que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) depende directamente del Ministerio de Justicia. Vizcarra denunció públicamente que su cambio de penal respondía a motivaciones políticas.
Fuente: Infobae