División entre juristas por la reforma a la Ley de Amparo: ¿protección ciudadana o retroceso en derechos?
Política
La reciente reforma a la Ley de Amparo ha generado un intenso debate entre juristas, exministros y organizaciones civiles, que se dividen entre quienes la consideran un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y quienes la ven como una medida necesaria para evitar el uso político de esta figura.
Entre los críticos se encuentran los ministros en retiro Javier Lainez Potisek, José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero, quienes advirtieron que las modificaciones podrían restringir el acceso de los ciudadanos a la justicia frente a actos de autoridad.
Lainez Potisek calificó la reforma como un obstáculo para la defensa ciudadana, al imponer nuevos requisitos para solicitar amparo y limitar la posibilidad de suspender actos reclamados. Por su parte, Cossío alertó que el nuevo enfoque del “interés legítimo” eleva el umbral de prueba y elimina la posibilidad de promover amparos colectivos, afectando causas ambientales o sociales.
En tanto, Sánchez Cordero expresó su preocupación por el riesgo de dejar fuera a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, consumidores o pueblos indígenas, al dificultarles probar perjuicio directo.
Las organizaciones civiles, como el Centro Prodh, Cemda, Fundar, GIRE y Artículo 19, coincidieron en que la reforma limita la defensa de derechos humanos y colectivos, al reducir los alcances del amparo y permitir mayor margen a autoridades que incumplen sentencias judiciales.
Del otro lado, los exministros Arturo Zaldívar y Eduardo Andrade defendieron la reforma. Zaldívar sostuvo que el objetivo es “modernizar el juicio de amparo y hacerlo más ágil”, negando que se vulneren derechos ciudadanos. Andrade, por su parte, argumentó que el cambio busca evitar el uso del amparo como herramienta política, insistiendo en que solo debe aplicarse cuando exista una “lesión jurídica real y comprobable”.
El debate sobre la reforma continúa, mientras especialistas y organizaciones advierten que su implementación podría redefinir la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia de justicia y derechos humanos.