La autonomía de la transparencia en la Ciudad de México se encuentra en riesgo ante la creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo, organismo descentralizado y sectorizado que dependerá de la Contraloría General capitalina. Aunque la intención es concentrar en una sola institución los derechos de rendición de cuentas, transparencia y protección de datos personales, expertos advierten que la independencia del nuevo organismo podría verse limitada por el nombramiento de su titular a propuesta directa de la jefa de Gobierno.
“Bajo este esquema, estamos perdiendo un contrapeso importante, donde ya no se privilegiará la visión social, sino una alineada con las narrativas de gobierno”, señala Grisel Salazar, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana.
Javier Rosiles, especialista en Estudios Sociales por la UAM, enfatiza que el retroceso será significativo, ya que el instituto perderá la independencia frente al Ejecutivo, lo que afectará el acceso de los ciudadanos a la información y la protección de datos personales. “Anteriormente, estos órganos podían actuar fuera de la órbita del Poder Ejecutivo; ahora, su dependencia tendrá consecuencias directas sobre la transparencia”, alerta.
La transformación local responde a la reforma federal que disolvió el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), trasladando sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mediante la dependencia Transparencia para el Pueblo. Esta instancia ha rechazado el 99.6% de los recursos de revisión ciudadana, según Artículo 19, lo que genera preocupación sobre el desempeño futuro del instituto capitalino.
Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del Info CDMX, asegura que se prepara la transición con miras a mantener la eficiencia y minimizar pendientes administrativos. Destaca la experiencia del personal actual como un recurso clave para enfrentar los retos del nuevo instituto y resalta herramientas tecnológicas como el chatbot ATIC y el Infoverso, que facilitan el acceso ciudadano a la información.
El diputado Víctor Hugo Romo señala que se garantizarán los derechos laborales de los cerca de 200 trabajadores del Info CDMX, y plantea ampliar las competencias del nuevo instituto hacia ciberseguridad e inteligencia artificial en entes públicos, así como dotarlo de facultades coercitivas para dar seguimiento efectivo a resoluciones y sanciones.
Se espera que la iniciativa de reforma constitucional de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, permita formalizar el Instituto de Transparencia para el Pueblo, con presupuesto asignado desde el Congreso local a partir de 2026. Mientras tanto, la ciudadanía y los expertos vigilan de cerca la transición, conscientes de que la independencia del nuevo organismo será determinante para mantener la transparencia en la capital.