México
En el marco del sexto aniversario de su creación, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, que establece un marco jurídico reforzado para esta corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual asume su organización y administración.
La legislación secundaria, derivada de la reforma constitucional de septiembre de 2024, fue avalada con 75 votos a favor y 34 en contra, y remitida al Ejecutivo federal para su promulgación.
El nuevo ordenamiento redefine a la Guardia Nacional como una fuerza pública, permanente y profesional, compuesta por personal militar capacitado en tareas policiales, y subordinada a la Sedena, responsable de su equipamiento, formación, administración y desarrollo operativo.
Se confirma que el mando de la Guardia Nacional será ejercido por un general de división en activo, designado por el Ejecutivo federal a propuesta de la titular de Defensa, eliminando la figura del mando civil.
Entre las facultades que la ley otorga a la institución destacan la realización de actividades de investigación e inteligencia para la prevención del delito, en coordinación con otras autoridades. Asimismo, se le habilita a intervenir comunicaciones, acceder a geolocalización en tiempo real y realizar operaciones encubiertas, incluyendo el uso de identidades simuladas. Estas acciones estarán reguladas mediante orden judicial en el caso de interceptación de comunicaciones y bajo la supervisión del Ministerio Público en operaciones encubiertas.
La oposición, representada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cuestionó estas atribuciones, advirtiendo riesgos de militarización y señalando posibles violaciones constitucionales, especialmente respecto a la posibilidad de que miembros activos de la Guardia Nacional participen en procesos electorales mediante licencias especiales.
Durante el debate, la senadora priista Claudia Anaya argumentó que mantener a militares en activo mientras participan en política contraviene la Constitución.
Las posturas quedaron divididas tras más de cuatro horas de discusión. El senador panista Enrique Vargas del Villar enfatizó que la Guardia Nacional no ha logrado disminuir la violencia, citando la reciente localización de 16 cuerpos en Culiacán, Sinaloa.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, calificó la militarización como una solución insuficiente ante la crisis de inseguridad.
En defensa de la Guardia Nacional, el senador de Morena Luis Fernando Salazar rechazó las críticas como argumentos desfasados, vinculándolos al sexenio de Felipe Calderón y la fallida estrategia militar contra el narcotráfico sin marco legal adecuado.
Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, resaltó la aceptación ciudadana del 75% hacia la corporación, mientras que el morenista Emmanuel Reyes atribuyó a la Guardia Nacional la contención de la violencia en Guanajuato.
Además, junto con esta ley, se aprobaron reformas a siete ordenamientos adicionales para homologar las condiciones laborales, prestaciones y mecanismos de ascenso de los elementos de la Guardia Nacional con los del Ejército Mexicano.
Fuente: Jornada