Ecuador
Una nueva reforma al Código de la Democracia, aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional de Ecuador, podría cambiar radicalmente el panorama político del país, al elevar significativamente los requisitos para la permanencia legal de partidos y movimientos. De las 17 organizaciones políticas nacionales que participaron en los últimos comicios, solo cuatro habrían logrado sobrevivir si las nuevas reglas ya estuvieran vigentes.
En las elecciones generales más recientes, Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) concentraron el 88% de los votos válidos, lo que ha reforzado su control sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, esas dos fuerzas impulsan una reforma que elimina la distinción entre procesos seccionales y generales al momento de evaluar la vigencia de una organización política, limitando así sus posibilidades de redención tras una derrota.
El sistema partidista ecuatoriano ha evidenciado síntomas de desgaste estructural, reflejados en la proliferación desmedida de agrupaciones políticas: 78 organizaciones participaron en las elecciones generales recientes y 264 lo hicieron en las seccionales de 2023. El expresidente Guillermo Lasso intentó regular este escenario mediante un referendo que proponía auditorías periódicas a los padrones de afiliados, sin éxito.
Con la reforma aprobada en segundo debate por 125 legisladores, se endurecen los criterios de evaluación para cancelar organizaciones políticas, especialmente en función de su desempeño electoral. Esto incluye un mínimo del 5% de votos válidos a nivel nacional o la obtención de al menos 18 alcaldías en elecciones locales, requisitos que muy pocos partidos han alcanzado en solitario.
La realidad electoral muestra que muchas agrupaciones políticas no compiten solas. En las seccionales de 2023, el 57% de las alcaldías fueron ganadas mediante alianzas, en ocasiones compuestas por hasta nueve listas. Incluso los principales partidos, como el correísmo o el PSC, dependen de alianzas para alcanzar cifras relevantes: apenas el movimiento Revolución Ciudadana obtuvo 17 alcaldías en solitario, frente a 33 mediante coaliciones.
En contraste, otros partidos como SUMA, PSP, CREO, la ID y Centro Democrático obtuvieron entre tres y seis alcaldías cada uno, muy por debajo del nuevo umbral que plantea la reforma.
El proyecto de ley, que ahora está en manos del presidente Daniel Noboa para su sanción, no aborda otras fallas profundas del sistema político: la formación de partidos personalistas, el uso de candidaturas sin militancia real, la ausencia de democracia interna y los problemas recurrentes con las firmas falsas en los procesos de inscripción.
Además, en varias ocasiones, intentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por cancelar agrupaciones han sido revertidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), debilitando la capacidad institucional para depurar el sistema.
En este contexto, aunque la reforma pretende reducir la fragmentación partidaria y elevar el umbral de representación, expertos advierten que no resuelve el problema de fondo: la facilidad con la que nuevas organizaciones pueden registrarse —incluso tras haber perdido su personería jurídica— con otros nombres, colores y estructuras prestadas.
El país se encuentra en una encrucijada institucional. La nueva normativa podría corregir ciertos excesos del multipartidismo, pero no garantiza que se fortalezca el sistema de partidos ni que se recupere la confianza ciudadana en las agrupaciones políticas. Si se promulga sin acompañarse de medidas estructurales, es probable que el sistema vuelva a saturarse de nuevas siglas y plataformas efímeras en cada ciclo electoral.